Durante los meses de noviembre y diciembre del año 2004 tuvimos la oportunidad y el privilegio de asistir como becarios al IV Curso Iberoamericano de Derecho Registral celebrado en Barcelona.
Dicho Curso lo organizó el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional (A.E.C.I.) la Fundación Internacional y para Iberoamerica de Administración y Políticas Públicas (F.I.I.A.P.P) y la Universidad Ramón Llul-ESADE.
Accedimos al curso gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre el Colegio de Registradores de España y la Corporación Chilena de Estudios de Derecho Registral.
La realización de estos cursos ha respondido a la necesidad de realizar un acercamiento entre el Sistema Registral español, actualmente uno de los más avanzados de Europa, a los respectivos sistemas registrales de los diferentes países iberoamericanos. En el hecho compartimos el curso con becarios de Brasil, Chile, Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Paraguay, Puerto Rico, Perú, Portugal, República Dominicana, Nicaragua y Uruguay.
Es sabido que el ámbito de influencia del sistema registral español ha alcanzado a muchas de las legislaciones de Iberoamerica, como por ejemplo Panamá, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Ecuador, Uruguay y también en Centro América, como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Honduras.
En el hecho, en Cuba, pese a que se abolió la propiedad privada y no hay hipotecas, sigue vigente la Ley Hipotecaria inspirada por la Ley Hipotecaria española. Se registran los derechos de uso de la propiedad y existe un registro de propietarios anteriores a la revolución. El Colegio de Registradores Españoles ha firmado un convenio para que los funcionarios cubanos se formen en España.
El caso de Puerto Rico también es llamativo porque pese a su estrecha relación con USA ha aplicado la tecnología informática registral española para destacar su sistema, en el cual, antes de la modernización, inscribir una propiedad significaba años de tramitación y espera.
Digno de destacar también es la creciente influencia del sistema Registral Español y la del Colegio de Registradores de España en la formación y creación de sistemas registrales emergente de los países de Europa del Este y de la Federación Rusa, en donde es manifiesta la necesidad de crear un sistema hipotecario sólido que sirva de motor de desarrollo económico y la necesidad de contar con un sistema registral seguro que garantice el derecho de propiedad y las diferentes transacciones.
En el hecho España asesora a los nuevos países de la Unión Europea en materia registral y el modelo registral español es considerado como un modelo de referencia que sirve para inspirar la legislación de estos países.
El Banco Mundial, con el concurso del Colegio de Registradores de España ha creado en Europa, con sede en Budapest, un centro de excelencia registral para los derechos de propiedad y el desarrollo del mercado hipotecario.
En su creciente proyección internacional, el Colegio de Registradores de España, ha impulsado la creación de la Asociación Europea de los Registros de Propiedad.
En este contexto se desarrolló el cuarto curso de Derecho Registral a través de clases, conferencias y seminarios impartidos por destacados registradores de la propiedad de diversas regiones de España y registradores mercantiles, así como por destacados profesionales y expertos en Derecho y Economía.- También se desarrollaron clases prácticas en los propios oficios registrales en donde tuvimos la ocasión de conocer las aplicaciones tecnológicas implantadas por el Colegio en los diferentes oficios registrales de toda España.
Así conocimos la ampliación del programa Geobase, cuyo objetivo es conseguir una identificación clara y perfecta de las fincas y por medio del cual se incorporan bases gráficas a la información ya existente en los registros.
El proyecto Geobase se apoya en tres principios sencillos y fundamentales: Las fincas lindan con fincas, ocupan un lugar geográfico determinado y tienen una forma geométrica característica.
Asimismo conocimos el funcionamiento de la firma electrónica y la demostración de las principales utilidades que implica dicha firma.
Complementando el trabajo académico, realizamos visitas técnicas a importantes otras instituciones, como el Instituto Cartográfico, el Instituto Catalán del Suelo, la Escuela Judicial de España, la Generalitat de Cataluña, y el Ayuntamiento de Barcelona.
En suma, una experiencia gratificante y estimulante que nos permitió mejorar el conocimiento sobre el sistema registral español y europeo en general, así como el propio de cada uno de los países participantes.
Volvimos con la sensación de estar a años luz en lo que dice relación con la implementación tecnológica del sistema registral español (el que ha invertido más de treinta millones de euros en la digitalización de sus archivos), pero con la confianza y sensación (después de conocer otros sistemas iberoamericanos) de que nuestro sistema registral – de folio personal, de títulos, carente de un catastro que lo complemente y con principios registrales aún no del todo perfeccionados – es idóneo y que cumple el principal cometido que se espera que cumpla todo sistema registral, (existiendo un amplio consenso en ello) cual es el de otorgar seguridad jurídica, que es un bien social y un elemento indispensable en el funcionamiento económico, social y jurídico de nuestro país.
Seguridad jurídica que representa un gran valor del que se beneficia la sociedad en general y cada uno de los ciudadanos en particular.
Nuestro sistema, pese a sus limitaciones, que son superables y que los Conservadores reconocemos y estamos conscientes de ellas, ha cumplido y cumple con este valioso imperativo, el de otorgar seguridad jurídica.
Valga en este sentido destacar la creciente modernización de los principales oficios registrales del país y la inminente formación de una sociedad anónima cerrada integrada por los propios Conservadores con el objeto de crear y administrar un sistema que permita requerir actuaciones registrales y practicar éstas mediante el uso del documento y firma electrónica y su certificación por una entidad certificadora vinculada a la Corporación Chilena de Estudios de Derecho Registral o dependiente de ella.
