Nuevamente se pretende reformar el sistema notarial y registral chileno mediante un proyecto de ley que, en estos momentos, está en plena discusión en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.
En esta ocasión, la iniciativa del gobierno actual ha sido más ejecutiva que en oportunidades anteriores y el mencionado proyecto, además de ser ingresado con suma urgencia, contempla una serie de indicaciones nuevas que ponen énfasis en la transformación digital y en la inclusión de algunas figuras legales tomadas del sistema anglosajón, como el Fedatario, en el caso de las modificaciones dirigidas al sistema notarial chileno, tal vez la que más reparos tiene desde diversos sectores ya que no se ve que el país esté preparado para implementar un sistema de ese tipo por la tradición registral e incluso la idiosincrasia del sistema latino y del mundo latinoamericano.
En cuanto a la discusión en la Cámara de Diputados, el miércoles 17 de octubre de 2018, expusieron en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento los máximos representantes del gremio como son Luis Maldonado Croquevielle, Conservador de Bienes Raíces de Santiago y Presidente de la Corporación Chilena de Estudios de Derecho Registral, institución que agrupa a todos los Conservadores del País, así como también, Alfredo Martin Illanes, Notario y Presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile.
Tan claras como contundentes fueron sus ponencias ante los integrantes de la comisión que el propio presidente, diputado Hugo Gutiérrez Gálvez, dijo textualmente: “Fue bastante ilustrativa la exposición del trabajo que hacen ustedes y cabe preguntarse para que lo vamos a cambiar, pero bueno…” Y luego, sonrisas del propio Gutiérrez y otros miembros de esta comisión de la Cámara de Diputados [ver video].
En resumen, la expresión del presidente y miembros de la comisión, más algunos de los asistentes a la reunión es tal vez el mayor respaldo al sistema notarial y registral chileno, una institución cuya tradición, prestigio, eficiencia, eficacia y modernidad, simplemente no ameritan gastar tiempo y recursos del Estado en mejorar algo que goza de buena salud, siendo de toda lógica dedicarlo a los sectores que realmente requieren de una atención urgente para brindar un bienestar social al país, como sería la educación, el sistema de pensiones y, por supuesto, la salud pública, entre otras tantas necesidades que la ciudadanía requiere como prioritarias y de «suma urgencia».